La Junta de Andalucía ratifica el acuerdo con los sindicatos para reincorporación progresiva de los empleados públicos

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta que aprobó el plan de incorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía a partir de este lunes 18 de mayo, y que, posteriormente, fue ratificado por unanimidad de la Mesa Sectorial de Negociación del personal funcionario y de la Comisión del VI Convenio Colectivo del personal laboral.

Todas las organizaciones sindicales, SAF, CSIF, ISA, UGT y CCOO, representantes del personal funcionario, y UGT, CCOO, CSIF y USTEA, del personal laboral, han aprobado en su totalidad el acuerdo, que resulta aplicable al personal de todas las consejerías, delegaciones territoriales y delegaciones del Gobierno, y sus agencias administrativas y agencias de régimen especial.

El proceso de reincorporación ya se inició el pasado 13 de abril, cuando se reincorporó el personal alto cargo y eventual, así como aquel cuya presencia es imprescindible para los servicios esenciales establecidos en la Orden de 15 de marzo de 2020.

A partir de ahora, de acuerdo con el calendario acordado y que está sujeto, en todo caso, a la situación de evolución de la pandemia de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias competentes, comenzará la reincorporación del resto del personal, pero combinando el trabajo presencial con el teletrabajo.

Se han previsto los criterios a tener cuenta para determinar la modalidad de trabajo en cada supuesto, así como medidas que van a permitir la flexibilización de horarios y jornada laboral. Y se aplicarán todas las medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales necesarias para minimizar al máximo cualquier riesgo de contagio.

CUATRO FASES

Con estos criterios, en una segunda fase, prevista desde este 18 de mayo, se incorpora al trabajo presencial prioritariamente el personal de prevención de riesgos laborales y de sectores estratégicos para la recuperación socioeconómica (por ejemplo, licencias urbanísticas o fondos europeos), con el máximo del 10% de la plantilla total, a excepción de determinados sectores críticos, que previa negociación, se iniciarán con un 30%.

A partir del 25 de mayo, si se activa la fase 2 del Plan estatal de transición a la nueva normalidad, comenzará la tercera fase, iniciándose la atención a la ciudadanía presencial, siempre y cuando se garantice el cumplimiento de todos los requisitos de prevención de riesgos laborales y con la implantación progresiva del sistema de cita previa. Asimismo, se aumentará la presencialidad hasta un máximo del 50%.

La cuarta fase, que se iniciará con la entrada en la fase 3 del Plan estatal, continuará con la incorporación progresiva hasta un máximo del 70% del personal. Y la última fase, cuando se alcance la nueva normalidad, en la que se determinará el porcentaje de personal que deba incorporarse presencialmente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

El acuerdo incluye medidas específicas de flexibilidad para atender las necesidades de las personas con menores de 14 años y personas dependientes a su cargo, así como para la protección de quienes estén incluidos en los grupos de riesgo, que sólo se incorporarán a la actividad presencial previa evaluación individualizada por los servicios de prevención de riesgos laborales de su situación personal y laboral.

También incluye la realización de test a los empleados públicos con sintomatología relacionada con el Covid-19 o que hayan estado en contacto estrecho con pacientes de dicha enfermedad. Asimismo, se realizarán test al personal que, atendiendo a la actividad realizada y al puesto desempeñado, mantenga un contacto estrecho y directo con los ciudadanos. En este sentido, se ha concluido con el compromiso de avanzar en la generalización de los test a los empleados públicos, en el contexto de los protocolos de prevención de riesgos laborales aplicables.

Desde el inicio del estado de alarma, la Administración andaluza ha continuado prestando servicios, tanto de forma presencial, en los casos necesarios para el mantenimiento de los servicios declarados esenciales (es la situación, por ejemplo, de determinadas oficinas de registro), como a través de modalidades de trabajo no presencial.

PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Consejo de Gobierno también ha ratificado las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para adaptarse a la orden del Ministerio de Justicia del 8 de mayo de 2020, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el Covid-19.

Para ello, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal dictó el 11 de mayo de 2020 una resolución en la que recoge las directrices para la primera fase del Plan de Desescalada para el personal funcionario de los órganos judiciales andaluces, lo que propicia la apertura de la prestación de los servicios de la Administración de Justicia más allá de aquellos de carácter esencial establecidos durante el estado de alarma.

La orden de la Consejería de Justicia establece que, con carácter general, la incorporación del personal de la Administración de Justicia en esta primera fase sea de un 33% de la plantilla total por órgano judicial, Fiscalía o servicio de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), mientras que el resto de los trabajadores permanecerán en situación de disponibilidad.

Según la resolución, en aquellos casos en los que esté justificado dicho porcentaje se puede elevar hasta la totalidad de la plantilla para atender los servicios de los Registros Civiles. Además, los servicios de guardia de los juzgados, Fiscalía e IMLCF deberán contar con la totalidad de la plantilla para la atención de los citados servicios.

Asimismo, la resolución recoge las medidas acordadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta de Andalucía para los trabajadores que tengan hijos menores de catorce años o personas dependientes a su cargo, así como a los empleados públicos incluidos en algunos de los grupos de riesgo.